La información que se puede no siempre es la que se quiere.

Cualquiera que tenga algo interesante que decir puede adquirir el mismo protagonismo que un personaje público o que un medio de comunicación gracias a las redes sociales.

Instituciones, empresas y anónimos suben contenidos a través de estos canales con fines divulgativos, educativos, lucrativos o por simple diversión, pero el efecto multiplicador que tan beneficioso es en algunos casos también puede convertirse en una amenaza.

Cuando el contenido que se viraliza es una imagen íntima, un falso rumor, o información privada puede llegar a provocarse un gran perjuicio, y el ordenamiento jurídico contempla varias figuras mediante las que se puede llegar a castigar, no solo a quien inicia la difusión, sino a todo aquel que participa en ella, .
En Durazno – aunque en realidad no creo que sea solo acá – se le pretende exigir a los periodistas datos que aquél, aun teniéndolos, no debe dar a conocer, porque quienes participan en la propagación de datos personales deben asumir sus responsabilidades por el daño causado de la misma forma que lo hace aquel que es cómplice o colaborador en una situación delictiva en apariencia.

Y la mayoría de los ciudadanos saben que esto es así.

En un caso ocurrido en las últimas horas, que generó tras la información periodística opiniones de aquí y de allá y reclamaban  datos personales de los protagonistas, el autor de un mensaje que hacia ese reclamo, conocía el nombre y puso “una pista”, porque sabía que no podía publicar datos personales, los mismos que reclamaba al periodista.

La responsabilidad del periodista de informar sobre todas las cosas que ocurren, debe estar precedida de una investigación que permita constatar la veracidad de los hechos que pretende difundir. En ese aspecto, muchas veces, esa verdad empírica no puede volcarse al contenido de la información que se pretende dar a conocer a la opinión pública, ya que el medio está expuesto a ser sancionado por diversas normas que conspiran para que esto ocurra.

En nuestro país ya existe una serie de normas, como el caso de diversas resoluciones y decretos, que en cierta medida coartan el libre ejercicio del trabajo periodístico, cuando ponen cortapisas a la labor de los trabajadores de los medios al momento de informar sobre un hecho determinado.

Este tipo de normativas, si bien no son vinculantes a los medios de comunicación, sí muchas veces exponen al medio que las emite, publica o difunde, cuando éste da a conocer un dato revelador de la identidad de una persona que protagonizó un caso considerado como sensible, y en ese sentido, el medio puede llegar a ser pasible de una demanda por quien es el autor de los hechos y cuyos datos han sido publicados.

Quienes hacemos periodismo por vocación y con responsabilidad, siempre procuramos darle al oyente, lector o televidente, la más amplia información de los hechos que hacen la vida de la Comunidad, pero esta debe entender cuales son los límites de nuestra función y respetarnos.

 

%d bloggers like this: