Gobierno electo planteará renegociar contrato de UPM 2
El contrato estipula que si cinco de los 110 trenes que planea enviar la empresa por mes llegan tarde, entonces no tienen que pagar el complemento.
Autoridades del gobierno electo están preocupadas por varios artículos del contrato entre las autoridades salientes y la finlandesa UPM sobre la instalación de la segunda planta de celulosa en el centro del país.
En particular, los artículos que se buscan renegociar están vinculados al tren que va desde la nueva planta hasta Montevideo, que va a tener un costo de mil millones de dólares para el Estado.
Según está establecido en el contrato, UPM debería pagar un canon de unos cinco centavos de dólar por tonelada transportada por kilómetro en los primeros cinco años. A partir del sexto año, debe pagar seis centavos y se coloca un complemento de quince centavos de dólar.
Sin embargo, el contrato establece que si cinco trenes al mes llegan 15 minutos tarde, entonces la empresa no deberá pagar ese complemento de 15 centavos. Como referencia, se calcula que más de un centenar de trenes llevarán cargamentos hasta la planta de celulosa.
Este artículo genera preocupación en el gobierno entrante ya que ese complemento representa la mayor parte del canon.
El diputado electo del PERI, César Vega, anunció que hará un pedido de informes sobre aspectos que fueron negociados de manera reservada entre la empresa finlandesa y el gobierno saliente.
«Cualquiera diría ‘qué mal que firmaron el contrato por cuenta del Estado’”, criticó Vega, quien aseguró que respaldaría al gobierno electo a la hora de renegociar. «Es un gran regalo la vía, porque de los 800 millones de repente va a salir dos mil millones y ¿quién paga todo eso?», cuestionó.
Otro punto de discusión es que está todo previsto para que la vía llegue al puerto de Montevideo para que UPM pueda descargar su cargamento y, en teoría, otras empresas también pueden utilizar la vía, pero no hay una playa de descarga contemplada.
Por su parte, el ambientalista Víctor Bacceta señaló que los privilegios económicos que el Estado uruguayo dio a la empresa son «inauditos».
«Una cosa es la seguridad jurídica del país y otra cosa es cuando se viola la Constitución y la ley, nosotros aspiramos a que se renegocien todos esos aspectos», finalizó.
Fuente: Telenoche
