Por qué voto NO.

Por Oscar Padrón Favre.

Que cada ciudadano deba manifestarse sobre 135 artículos que cubren diversas temáticas simplemente con un SI o un NO es casi surrealista y no contribuye a la necesaria precisión y criterio que exige tomar decisiones sobre el destino del país. No hubiera sido demasiado complejo haber agrupado los 135 artículos en cinco o seis áreas temáticas y que en una hoja se pudiera marcar, por áreas, los SI y los NO. Seguro muchos ciudadanos combinarían ambas opciones.

Países con cuerpos electorales mucho más densos al nuestro lo hacen. No es impracticable. ¿Llevaría más tiempo el escrutinio? Por supuesto. Si el tema tiene la suficiente importancia como para influir en el futuro del país y si cada consulta popular supone una enorme inversión de horas de trabajo y de recursos económicos, ¿por qué hay que someterse al frenesí de que los resultados deben conocerse apenas a pocas horas de cerradas las urnas como si fuéramos niños que no podemos controlar la ansiedad?

La tan invocada calidad democrática del país tendría que superar estos esquemas binarios de consulta popular. Debería avanzar hacia modelos más modernos y adaptables a los distintos tipos de convocatorias, procurando brindar al soberano opciones más eficaces para que pueda expresarse de forma específica e inequívoca ante consultas poli temáticas como la presente.

La ciudadanía merece ser tratada con más respeto.

Aparece como bastante correcto que algunos de esos artículos en debate merecerían ser revisados y que el SI podría habilitar a una mejor formulación de los mismos. Sin embargo, como nos vemos obligados a ponerle a la totalidad un solo rótulo, sopesando los aspectos positivos y negativos del conjunto, el balance de mantener la LUC de forma integral es claramente positivo y, para mí, el NO es, por bastante distancia, la mejor opción.

Ninguno de los artículos en cuestión parece expresar una real y fundamentada amenaza para la marcha del país. Muy por el contrario, la puesta en práctica de varios de ellos, durante más de un año, ha mostrado su eficacia y sus bondades para corregir situaciones indeseadas de distinto orden, para dar mayores garantías de seguridad a la población y brindar a la ciudadanía más amplias posibilidades de ejercer su libertad sin someterse a rigidices que solo rinden beneficio a una fiscalidad que no tiene límites o a corporaciones poderosas que buscan su propio beneficio.

¿A qué obedece, entonces, esta movilización y paréntesis que se ha abierto en la marcha política del país, cuando todavía sufrimos el impacto de una devastadora pandemia mundial inédita, consumidora de recursos extraordinarios, y claramente nos amenazan otros grandes desafíos por el convulsionado contexto internacional?

Parece evidente que no se fundamenta en el contenido especifico del articulado en cuestión y sí en un claro objetivo de estrategia política: enfrentar a la coalición gobernante a un gran “trancazo” en su ejercicio del gobierno y, si se logra derrotarla en las urnas, dar una señal de que el conglomerado político PitCnt-FA tiene tal poder que lo transforma en la única fuerza capaz de gobernar al país sin sobresaltos. Esta prueba de fuerza no aparece como oportuna ni beneficiosa para el Uruguay en los momentos actuales y menos que aporte a la “salud del sistema democrático”, expresión que es muy usada desde las tiendas del SI.

El FA gobernó durante quince años y representó una renovación necesaria y en muchos aspectos positiva para el país luego de que la generación gobernante desde 1985 se agotara. En varias áreas pueden señalarse importantes logros y avances colectivos destinados a permanecer. Pero tres lustros después –tiempo aproximado que con frecuencia pauta en política los denominados “ciclos” – diversos factores marcaron el agotamiento del proyecto inaugurado en el 2005. Fue un fenómeno multicausal, pero sin duda incidió que el modelo dependía, por su muy elevado gasto estatal, de que los precios de lo que vendemos al mundo se mantuvieran muy altos, cosa que nunca ha sucedido por largos períodos. A eso se sumó la asfixia a sectores importantes del aparato productivo, los fracasos en grandes proyectos de inversión, algunas obras hijas de la megalomanía personal, cifras claramente negativas en materia de seguridad pública y una creciente distancia entre el relato y la realidad.

En ese contexto, impulsar una consulta popular con el propósito de dar la señal que “gobernamos nosotros o no gobierna nadie” no parece que esté en sintonía con el propósito de “preservar el alma de la democracia”, tal la expresión de una connotada defensora del Si.

A propósito de estos ejercicios de medición de fuerzas entre gobierno y oposición – que desde el retorno de la democracia se han vehiculizado a través de periódicos referéndum – estimo que sería importante dar un debate profundo sobre la instalación de elecciones de medio turno durante el quinquenio de cada mandato.

Uruguay es de las pocas democracias occidentales que no posee alguna forma de elección intermedia (parlamentarias y/o departamentales en nuestro caso) que obligue a que los gobiernos rindan, en cierto momento de su gestión, algún tipo de examen sobre la marcha de su administración. Sin embargo, tuvimos esas instancias examinadoras desde 1830 hasta 1934, cuando se eliminaron. Parece bastante justificado discutir esta posibilidad, sobre todo cuando no está en la agenda política volver a los ciclos de cuatro años de mandato, tal como rigió constitucionalmente desde 1830 hasta 1966. El acelerado tiempo actual exige una dinámica de consultas y consensos mucho más intensa que la heredada de otras épocas y las modernas tecnologías habilitan esa posibilidad. También la corporación política debe salir de su zona de confort.

Pretender marcar la cancha imponiendo el mensaje “o nosotros o nadie” es propio de proyectos políticos con voluntad hegemónica, caso de lo hecho por el PRI mexicano o el peronismo en Argentina. En este último caso, lamentablemente ha terminado siendo instrumentalizado por cúpulas sindicales que se eternizan en el poder para su propio beneficio. La posible deriva del conglomerado político PitCnt-FA hacia este último modelo – que nos conduciría indefectiblemente a la tragedia argentina aunque no sea esa la única causa de la misma – no es un camino deseable para el país. Los gremios, como instituciones intermedias, son fundamentales para la vida democrática pero su esencia – sean de carácter obrero, patronal o profesional – es luchar por sus propios beneficios y tener una mirada egocéntrica de los problemas y las soluciones.

Cualquier área de la actividad social es demasiado importante para que esté bajo el control hegemónico de las corporaciones que la representan.

Es el poder político – representante legítimo de toda la ciudadanía – el que debe asumir la mirada global que abarque todos los intereses, actores y matices en juego. Esa es la base del sistema representativo que nos rige desde la fundación de la Patria. Para preservar y mejorar el sistema, se debe exigir siempre a toda la dirigencia política que sea realmente representativa de los intereses colectivos y no de los sectoriales.

Se podrá señalar que algunos de los puntos que señalo son especulativos.

Es correcta esa crítica. Sucede que la realidad política partidaria, como otras, siempre ha sido muy similar a los témpanos que transitan por el mar de los cuales solo vemos la fracción menor.

En política no hay inocentes, y si los hay duran poco. Multiplicar explicaciones para no hablar de intenciones es una antigua práctica. No en vano una máxima política que tiene algunos siglos señala: “Las palabras se inventaron para ocultar el pensamiento”.

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