Profesionales de Durazno ante el Proyecto de Reforma de la Caja.
El pasado 10 de abril a dos días de comenzar la semana santa o de turismo le fue presentado al Directorio de la Caja de Profesionales (en adelante CJPPU), un Proyecto de Ley de Reforma de la CJPPU elaborado por el Poder Ejecutivo para atender la crisis financiera de la Caja que en julio próximo según se informó caería en cesación de pago.
Se dio a conocer allí que dicho Proyecto sería enviado al Parlamento el martes 22 de abril, es decir, inmediatamente después de terminada la semana santa o de turismo. El proyecto fue presentado a espaldas de la Caja, sin previa discusión ni con el Directorio ni con las diferentes asociaciones de profesionales. Y, por si fuera poco acompañado de otro Proyecto de Ley donde se establece postergar la elección de autoridades de la Caja por parte de sus afiliados (los propios profesionales). No se les otorgó a los interesados la posibilidad de examinarlo ni negociarlo.
La visión de profesionales duraznenses
«Somos profesionales universitarios radicados en Durazno, la mayoría de los cuales ejercemos de forma liberal nuestras actividades. Desde médicos, arquitectos, ingenieros, contadores, abogados, veterinarios, psicólogos, nutricionistas, dentistas y muchos más —cada uno en su especialidad—, desarrollamos nuestras tareas con compromiso, aportando valor humano, técnico y económico a nuestra comunidad. No solo prestamos servicios, sino que generamos empleo, acompañamos procesos productivos, asistimos a familias, defendemos derechos, cuidamos la salud y ayudamos a construir soluciones para el país.
Muchos de nosotros aportamos obligatoriamente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), otros lo hacen voluntariamente, en un gesto de confianza en el sistema. Pero todos compartimos la convicción de que la seguridad social debe ser seria, previsible y justa.
Hoy, frente al inminente tratamiento del proyecto de ley que pretende reformar nuestra Caja, queremos alzar nuestra voz para que no se nos invisibilice.
Durante más de tres décadas de vida laboral, un profesional puede llegar a aportar casi el doble que, en otros regímenes, sin tener acceso a los mismos derechos. No contamos con licencia ni aguinaldo, no tenemos seguro de paro ni subsidios plenos por enfermedad o maternidad. Nuestros aportes se calculan sobre sueldos fictos, no sobre ingresos reales. Tampoco se reconocen años por hijos, ni beneficios familiares. Aun así, se pretende hoy crear un nuevo impuesto a las jubilaciones, afectando derechos adquiridos y golpeando a quienes ya cumplieron su parte del contrato social.
Lamentamos profundamente la narrativa que busca caricaturizar a los profesionales como un grupo de élite desconectado. Esa afirmación es injusta y peligrosa. Somos trabajadoras y trabajadores, muchas veces independientes, sin red de contención, que sostienen la economía de sus hogares y contribuyen al desarrollo del país desde cada rincón. En lugar de beneficios, hemos recibido más exigencias y menos garantías.
Escuchamos con sorpresa que se nos responsabiliza por «no haber hecho nada». ¿Qué margen tiene un aportante común para modificar el rumbo de una institución? ¿Le preguntamos a un trabajador del BPS por la política previsional del país? Lo único que podemos hacer es votar representantes y esperar que actúen con responsabilidad. Y en el caso de nuestra Caja, el Estado estuvo representado en el Directorio, y por tanto conocía de primera mano la situación crítica que ahora sale a la luz. Si alguien debió actuar con anticipación, era precisamente ese veedor institucional.
La CJPPU nunca recibió asistencia directa del Estado. Además, los profesionales aportamos al IASS, que se vierte al BPS, y financiamos indirectamente otros sistemas a través del IVA profesional. También fuimos afectados por la pérdida de valor de los timbres profesionales, que no fueron adecuadamente ajustados por el índice medio de salarios. Y en 1999 se votó una ley que desvió fondos de nuestra Caja hacia otras prestaciones, algo que ya fue señalado como una amenaza a su sostenibilidad.
Nuestra petición
Este no es un tema de salvar una Caja. Es un tema de garantías constitucionales, derechos adquiridos y justicia social.
Por eso, hacemos un llamado a la ciudadanía de Durazno, a nuestros vecinos, a nuestras familias y, especialmente, a quienes nos representan en el Parlamento:
Que no voten sin escuchar.
Que transcriban en su decisión nuestro verdadero sentir y pensar.
Que no se apuren en resolver lo que requiere profundidad, técnica y diálogo.
Que no se conforme el país con un parche, sino que se diseñe una reforma que devuelva confianza, sostenibilidad y certezas a quienes estamos activos, a quienes ya se han retirado, y a quienes vendrán.
Porque somos ciudadanos como cualquier otro.
Porque tenemos los mismos derechos.
Porque aportamos.
Porque confiamos.
Y porque aún creemos en la posibilidad de una solución justa».
