Por el colega
OPI manifiesta preocupación por denuncia judicial contra periodista de Sarandí del Yí
La Organización de la Prensa del Interior (OPI), manifiesta su preocupación ante la denuncia judicial por un supuesto delito de difamación e injurias que la Fiscalía Letrada de Durazno de Segundo Turno se encuentra instruyendo contra el periodista y director del Semanario “Todas las Voces” de Sarandí del Yí, Miguel Nell.
De acuerdo a la información recibida por OPI, Nell informó a través del Periódico que dirige y el programa radial que conduce, sobre la compra de terrenos por parte del Alcalde de la ciudad, en un lugar estratégico de Sarandí de YI, donde está previsto el nuevo trazado de ruta 14.
El hecho cobró notoriedad pública luego de que en el Semanario “Todas las Voces” la propietaria de los terrenos comprados por el Alcalde, Gladys Yolanda Vidal, denunciara haber sido “embaucada” por el bajo precio que le pagaron por ellos.
En primera instancia el Alcalde, Mario César Pereyra Pérez, y la Escribana del Municipio que lo asistió en el negocio, Lorena Pérez, denunciaron a la señora Vidal por un delito de difamación e injurias, pero el 20 de setiembre pasado, ampliaron esa denuncia, incluyendo al Director de “Todas las Voces”.
La Fiscalía Departamental se encuentra instruyendo el caso y en los próximos días determinará si hay elementos para darle curso o no a la denuncia.
La OPI considera que la convocatoria a sede judicial del periodista, con la posibilidad de que se formalice un juicio, representa una limitación a la libertad de expresión y el derecho del público a estar informado.
En el caso que nos asiste, el periodista informó sobre un hecho de notoriedad pública, que tiene como protagonista al funcionario público de mayor jerarquía de la ciudad como es el Alcalde y la Escribana del Municipio, habiendo contado éstos con la posibilidad de rebatir los dichos de la propietaria de los terrenos en notas publicadas en el propio Semanario.
La OPI recuerda que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece con claridad que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad” y que “el Estado debe abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a estas formas de expresión y que las entidades como los funcionarios que conforman el Estado, deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica”.
En criterio de la Corte Interamericana, “la importancia de no limitar el debate democrático sobre un asunto de interés público, es un elemento que debe ser ponderado por el juez al establecer posibles responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión”.
En efecto, el derecho de expresar ideas, opiniones y a circular información disponible y la posibilidad de deliberar de manera abierta sobre asuntos de interés público, como es en este caso el proceder del Alcalde y Escribana del Municipio de Sarandí del Yí, es condición indispensable para la formación de una opinión pública informada, lo cual no sería posible si este derecho no fuera garantizado.
Por lo tanto, la OPI hace un llamado a las autoridades competentes a tener en cuenta los importantes avances que en materia de libertad de expresión ha logrado el país en los últimos años y contemplar la jurisprudencia internacional, que representan una invaluable garantía para la existencia de un debate público vigoroso, plural y desinhibido para la propia salud de todo régimen democrático.
Por la Organización de la Prensa del Interior (OPI)
Alejandro Olmedo (Presidente)
Javier Perdomo (Secretario)
