Las cosas en su lugar.

Nos consta que hay diferentes formas de hacer periodismo y de la misma manera, hay caminos legales lógicos para recorrer cuando se sobrepasan los límites.

Sobre el tema que involucra a un periodista en la difusión de determinados audios y la posterior decisión de la justicia contra este, compartimos, por coincidir, el editorial de hoy del diario El País.

“El episodio del allanamiento de una radio, y el intento de ingreso al hogar de un periodista, enciende una alerta naranja en materia de libertad de prensa y expresión en Uruguay. Se trata de un episodio gravísimo, que no puede ser soslayado, ni relativizado por razón alguna.

Los hechos de fondo son de público conocimiento, y no es necesario recordarlos aquí. No es pertinente en este momento ponerse a comentar sobre las acciones del periodista, o el buen gusto de emitir determinados audios en su programa. Es más, ni siquiera es válido señalar que el mismo puede haber cometido un delito con ese accionar, más allá de lo discutible de la ley que tipifica tal conducta como penable.

Aquí estamos ante una desproporción inaceptable, en la que un operador judicial avasalla derechos centrales para cualquier país que se considere una democracia y una república. Desde el regreso de la democracia que no se veía una escena como la que se vio ayer en Montevideo, con agentes de policía ingresando de prepo a un medio de comunicación, y requisando documentos y queriendo llevarse equipos.

Alcanza con leer la orden de allanamiento para notar que la misma excede cualquier marco razonable de una investigación penal, para convertirse en una acción de sanción directa sobre un periodista que ni siquiera ha tenido la oportunidad de tener su defensa. Y una señal claramente intimidatoria respecto a todo el estamento comunicacional del país. Leer esa orden de allanamiento, trae recuerdos funestos para cualquier ciudadano con un mínimo respeto por la institucionalidad democrática del país.

La libertad de prensa y de expresión, no son derechos absolutos. Y claramente implican una responsabilidad cuando se hace abuso de los mismos y se genera un daño a otra persona. Ahora bien, la Constitución uruguaya y las leyes que regulan el funcionamiento de la prensa, establecen claramente que la regla es la libertad. Pero, además, en nuestro ordenamiento jurídico se ampara especialmente el derecho a reserva de fuente que tiene el periodista, derecho que queda fácticamente violado cuando se procede a una acción con semejante ligereza y prepotencia.

No hubo, previo a este allanamiento, ninguna comunicación o intento para que el periodista o el medio de prensa, cedieran voluntariamente las grabaciones en su poder, ni declararan en esta causa lamentable, instigada por un grupo de legisladores cuyos modelos de republicanismo son la Venezuela de Maduro o la Nicaragua de Daniel Ortega.

El allanamiento a un medio de prensa, sin una comunicación previa para solicitar la entrega voluntaria de la información requerida, es desproporcionado, viola el derecho a reserva de fuente, y es una señal intimidatoria inaceptable en un país democrático.

Habrá quienes relativicen este episodio, ya sea por interés político, por un fanatismo irracional respecto a las causas de género, o incluso por encono o disgusto con el perfil o el estilo periodístico del comunicador en cuestión. Todo eso son frivolidades.

Que en un país democrático, y que históricamente ha tenido a la libertad de prensa entre sus grandes atributos institucionales, un fiscal se adjudique la potestad de vulnerar de esta forma prepotente el secreto profesional de un periodista, llevarse todos sus documentos y elementos de trabajo, no puede ser soslayado, sin aceptar la vulneración de un derecho fundamental de cualquier país libre y civilizado.

Como decíamos, no solo porque se afecte los derechos y libertades del periodista que está siendo alcanzado en este caso. Porque se trata de una señal clara y amenazante, para cualquier otro periodista que quiera investigar o tomar una postura contraria a una causa de este tipo.

Otro detalle que no puede pasar desapercibido, es que un periodista que dos días antes denunciaba en las redes sociales a su colega por supuestamente cometer un delito con su accionar, haya difundido la primicia del allanamiento. Eso debe ser investigado a fondo.

Thomas Jefferson decía que la libertad de un país depende de la libertad de prensa, y que la segunda no puede ser limitada, sin que se pierda la primera.

Si la Justicia, el último reducto en el que la sociedad deposita su confianza para resolver sus diferencias, permite ser usada como arma arrojadiza por turbas enceguecidas, por fanáticos y políticos demagogos, el sistema democrático en su conjunto pasa a valer poco y nada.

El precio que hay que pagar por vivir en una sociedad libre, es tolerar muchas veces cosas que no nos gustan. Y cuando hay motivos para proceder o investigar a quien ejerce la libertad de prensa, el sistema debe hacerlo con extremo cuidado y sensibilidad. El costo a pagar por no ser vigilante con estas cuestiones, es ir de a poco perdiendo los elementos centrales que constituyen una democracia.»