Sin título no vale
Una abogada que se desempeñaba como alterna de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Industria fue retira por la Policía de las instalaciones de esa repartición el miércoles, después que se comprobara que no posee título habilitante.
Leticia Ferrari fue expulsada de las instalaciones del Ministerio de Industria con la prohibición de ingresar a la entidad al tiempo que se le inició un sumario administrativo, informó en su edición de ayer el semanario Búsqueda.
La abogada trucha había ingresado al Ministerio de Industria en marzo de 2015 en un pase en comisión desde el Codicen. El 27 de ese mismo mes la ministra Carolina Cosse firmó una resolución en la que se nombró a Ferrari como una de las responsables de Transparencia Pasiva del Ministerio.
La falsedad quedó al descubierto después que Ferrari tomara algunas decisiones que despertaran sospechas de otros abogados que trabajan en el Ministerio de Industria.
A raíz de ello se consultó a la Universidad de la República y a las universidades privadas constatándose que no hay registros de sus estudios, informó Búsqueda.
El tema tuvo de inmediato repercusión en el ámbito político: el diputado nacionalista Pablo Abdala cursó un pedido de informes al Ministerio de Industria y Energía por el caso de esta funcionaria.
El legislador considera que esa situación, sostenida a lo largo de los últimos dos años, podría conducir a la nulidad de distintos actos administrativos en los que la implicada haya intervenido. Asimismo, considera que debería presentarse la correspondiente denuncia penal.
Antecedentes.
No es la primera vez que un funcionario se arroga un título que no posee.
Por un lado está el caso del vicepresidente Raúl Sendic y su manido título de Licenciado en Genética.
Por otra parte, una funcionaria que se desempeñaba como sicóloga en el Ministerio del Interior, pariente de un jerarca de esa repartición, fue destituida porque no había revalidado en Uruguay el título que había obtenido en España.
El último de los episodios de este tipo lo protagonizó Gonzalo Reboledo, secretario político del Frente Amplio y director del Impo, quien debió reconocer públicamente que no es sociólogo, aunque tanto en redes sociales como en resoluciones municipales firmadas por el exintendente Mariano Arana figura con ese título.
Arrogarse un título que no se posee es un delito que está tipificado en el artículo 167 del código Penal.
